Daño perenne en banca y energía
La plasmación en el BOE del decreto-ley que prolonga el escudo social antiinflación sirve para aclarar los verdaderos planes fiscales del Gobierno. Lo que el presidente Sánchez presentó como un proyecto futuro, la permanencia de los impuestos extraordinarios para bancos y energéticas, se confirma en el Boletín como un propósito ya firme. Son esas páginas las que prevén la “plena integración” de ambas tasas en el sistema tributario español, tanto general como foral. Desde el inicio es necesario cuestionar la pervivencia de unos impuestos excepcionales, diseñados con vocación de temporalidad y puestos al servicio de un fin concreto: gravar los “beneficios extraordinarios” de los dos sectores supuestamente privilegiados por el alto IPC.
Una vez que la inflación baja, la perpetuidad con la que el Gobierno quiere revestir ambos impuestos es más injustificable que nunca. Moncloa busca mitigar este contrasentido con su promesa, ratificada en el BOE, de revisar ambas figuras. Está por verse, no obstante que las deducciones por inversiones verdes para las energéticas las compense de anomalías como que sean sus ingresos, y no sus beneficios, los que tributen. Tampoco será difícil la conciliación en la banca con unas modificaciones aún por definir y que, según el diseño original del impuesto, deberían estar ya diseñadas y listas para su aplicación. Ambos impuestos están recurridos por los sectores afectados y la prolongación de su vigencia solo contribuirá a extender y complicar esos procesos judiciales. Pero aún más preocupante es el prolongado daño al que las empresas están abocadas en términos de pérdida de competitividad respecto a sus rivales, y en su capacidad de invertir.
La plasmación en el BOE del decreto-ley que prolonga el escudo social antiinflación sirve para aclarar los verdaderos planes fiscales del Gobierno. Lo que el presidente Sánchez presentó como un proyecto futuro, la permanencia de los impuestos extraordinarios para bancos y energéticas, se confirma en el Boletín como un propósito ya firme. Son esas páginas las que prevén la “plena integración” de ambas tasas en el sistema tributario español, tanto general como foral. Desde el inicio es necesario cuestionar la pervivencia de unos impuestos excepcionales, diseñados con vocación de temporalidad y puestos al servicio de un fin concreto: gravar los “beneficios extraordinarios” de los dos sectores supuestamente privilegiados por el alto IPC.
Una vez que la inflación baja, la perpetuidad con la que el Gobierno quiere revestir ambos impuestos es más injustificable que nunca. Moncloa busca mitigar este contrasentido con su promesa, ratificada en el BOE, de revisar ambas figuras. Está por verse, no obstante que las deducciones por inversiones verdes para las energéticas las compense de anomalías como que sean sus ingresos, y no sus beneficios, los que tributen. Tampoco será difícil la conciliación en la banca con unas modificaciones aún por definir y que, según el diseño original del impuesto, deberían estar ya diseñadas y listas para su aplicación. Ambos impuestos están recurridos por los sectores afectados y la prolongación de su vigencia solo contribuirá a extender y complicar esos procesos judiciales. Pero aún más preocupante es el prolongado daño al que las empresas están abocadas en términos de pérdida de competitividad respecto a sus rivales, y en su capacidad de invertir.
